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DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD A LA EQUIVALENCIA EN LAS PRESTACIONES

SUMARIO: Introducción. 1. El señorío de la voluntad libremente manifestada por las partes. 2. El modelo de negociación perfecta. 3. La equivalencia de las prestaciones entra en escena: La lesión subjetiva-objetiva. 4. Intentando des-subjetivar la lesión. 5. Las obligaciones desnaturalizadas y la protección al consumidor. 6. El equilibrio prestacional como nueva fuente de la obligatoriedad de los contratos. 7. Los acontecimientos extraordinarios e imprevistos sobrevinientes a la celebración de contrato. 8. La Sociedad Mercatizada. 9. Las condiciones generales de contratación y el equilibrio prestacional. 10. Los contratos celebrados por adhesión y el equilibrio prestacional. 11. La Publicidad Inductiva y el equilibrio prestacional. 12. La fuerza mayor social frente a la sociedad mercatizada y la publicidad inductiva. 13. La normativa de Emergencia y los cambios en las obligaciones de dar dinero. 14. El impacto de la nueva normativa. 15. Distintas variantes y un mismo resultado: la injusticia. 16. La misteriosa y esquiva equidad. 17. Una ley casi olvidada. 18. En busca de preservar el poder adquisitivo, (pero sin aumentarlo indebidamente). 19. Un ejemplo: La Canasta Básica Total. 20. A manera de conclusión

 

Introducción

El presente trabajo abordará una de las cuestiones que estimamos como mas trascendentales en el Derecho de los Contratos: La posibilidad de su revisión judicial. El tema se entronca con otro, casi filosófico, que domina toda la materia, que es el de la fuerza de la obligatoriedad de los contratos o, expresado en forma de interrogante, el de ¿cuál es la razón o causa eficiente por la que debamos cumplir con las obligaciones emergentes de los contratos?. Mejor dicho, ¿cuál es la razón o causa eficiente por la que sea justo que debamos cumplir con las obligaciones emergentes de los contratos?. A diferencia de otras reflexiones que están realizándose hoy en día, en esta ocasión no trataremos en detalle la actual legislación de Emergencia que soporta nuestro país, que estimamos bastante conocida por los operadores del Derecho, sino que intentaremos plantear un enfoque que trascienda "esta" crisis económica puntual, porque consideramos que el Derecho de los Contratos enfrenta problemas que derivan de deficiencias estructurales del sistema social y económico vigente y no meramente coyunturales.

De todas formas, buscaremos aportar alguna solución al problema de la recomposición del equilibrio prestacional alterado por la normativa de emergencia.

El señorío de la voluntad libremente manifestada por las partes

En la parte final de su nota al artículo 943, Vélez Sársfield nos dice que "El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos". Efectúa así el Codificador la defensa mas vehemente a la teoría de la autonomía de la voluntad como fuente de la obligatoriedad de los contratos : Dos personas que negocian todas las cláusulas del convenio y manifiestan su voluntad con discernimiento intención y libertad, deben quedar obligadas por este acuerdo como a la ley misma, idea que encuentra su manifestación positiva en el artículo 1197 del Código Civil.

Deteniéndonos un poco en el tema, creemos que no se debe perder de vista, como por desgracia pensamos que ha sucedido frecuentemente, que la llamada autonomía de la voluntad no es mas que una ficción legal útil o necesaria, como muchas otras que existen en los ordenamientos jurídicos.

Decimos que es una ficción legal útil o necesaria porque se trata de un postulado incorporado por el ordenamiento jurídico que, si bien no se corresponde totalmente con la realidad (por eso decimos que es una ficción) resulta conveniente por razones de política legislativa.

Veamos unos ejemplos de ficciones legales que aparecen en nuestro Código Civil:

a) La mayoría de edad: Art. 128.- "Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad, el día en que cumplieren veintiún años..."

A los 21 años la persona física obtiene su plena capacidad de hecho, presumiéndose legalmente que a esa edad alcanzó el pleno discernimiento. Sin embargo, otros países establecen que la mayoría de edad es a los 18 años y, por otra parte, la experiencia indica que algunas personas alcanzan el discernimiento antes de esa edad y otros...no lo alcanzan nunca.

b)La imposibilidad de alegar ignorancia de Derecho: Art. 20.- La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley.

A nadie escapa que ni siquiera los mas doctos juristas conocen en toda su vastedad el ordenamiento jurídico que nos rige. Sin embargo, la presunción iure et de iure de que las leyes son conocidas es una ficción necesaria a la hora de impartir justicia, porque si se admitiera la ignorancia en este aspecto, se crearía no solo una honda inseguridad, sino que en cierto sentido se estaría castigando al que sabe y premiando al ignorante, hasta caer en el absurdo de que "convendría" no saber de leyes, para así poder excusar un comportamiento ilícito.

Sin embargo, como los jueces no viven en una torre de marfil y tratan de aplicar el Derecho con los pies en la tierra, en casos excepcionales admitieron la excusa de ignorancia de las normas vigentes, reconociendo que una ficción, por útil y necesaria que sea, no puede primar por sobre las circunstancias del caso. Así, el juez en lo penal económico Julio Enrique Cruciani, en autos "BUOMBICCI, NELI ADELA s/Régimen Penal Tributario", del 15 de marzo de 1991, consideró que "una ley en sentido estricto o propio es la emanada del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo con su correspondiente publicidad y a esta ley en aras de la paz y de la seguridad jurídica se presume conocida por todos, por lo que entonces no se puede alegar como excusa o error su ignorancia, sin embargo este principio debe limitarse exclusivamente a la ley en sentido estricto y no a la ley en sentido material o amplio...Poner en un plano de igualdad a la ley del Congreso con una resolución administrativa, en cuanto a su conocimiento y obligatoriedad sería atentar contra la división de poderes, cuestión esta inaceptable para un sistema democrático y republicano como el establecido por nuestra Constitución....Corresponde absolver al imputado pues el alegado desconocimiento de una resolución administrativa - Res. 3118, Art. 7°, inc. 1° (denominación del responsable y falta de inscripción de la leyenda "IVA responsable inscripto") - importa una causal de inculpabilidad, al haber incurrido en error o ignorancia de derecho."(1)

 

El modelo de negociación perfecta

Volviendo a la autonomía de la voluntad, esta ficción presupone que cuando las personas obran con discernimiento, intención y libertad deben ser plenamente responsables por ese obrar. En materia contractual, el Codificador imaginó a dos partes, en igualdad de condiciones sociales culturales y económicas, sentadas frente a frente y negociando una a una las cláusulas que formarán el acuerdo al que después se obligarán como a la ley misma, Así como " La ignorancia de las leyes no sirve de excusa", también "El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos" porque de lo contrario "dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones, si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores, o todas nuestras imprudencias" (nota al art. 943).

La mirada del legislador decimonónico estaba puesta predominantemente en el aspecto subjetivo del contrato: Si la voluntad manifestada por las partes no estaba viciada, el contrato era irrevisable judicialmente

Sin embargo, la realidad de un mundo en rápido cambio, con una economía basada en la producción y comercialización en masa de bienes y servicios, la publicidad inductiva, la contratación "al paso" y por correspondencia, entre otras técnicas modernas, dio por tierra con el molde "artesanal" con el que se hacían los contratos y que tuvo en mente Vélez Sársfield. Si en la época de entrada en vigencia del Código Civil este "modelo de negociación perfecta", con partes con igualdad de discernimiento intención y libertad, ya era una ficción que no se correspondía demasiado con la realidad, hoy día se encuentra tan alejado de esta, que más que una ficción útil y necesaria, la de la autonomía de la voluntad termina siendo una ficción peligrosa, solo conveniente a determinados intereses sectoriales que salen gananciosos con el mantenimiento de la misma.

 

La equivalencia de las prestaciones entra en escena: La lesión subjetiva-objetiva

Hecha esta digresión, que estimamos de suma importancia, y volviendo al tema del principio, es particularmente interesante tener en cuenta que la nota del artículo 943, antes citada, cuya ultima parte transcribimos, está dedicada a explicar, por parte de Vélez Sársfield, cuales fueron sus razones para no incorporar al texto legal la llamada Lesión enorme o enormísima, pese a que, como él mismo lo recuerda, "En casi todos los códigos y escritos de derecho, se ve asentado que la lesión enorme o enormísima vicia los actos jurídicos".

La lesión enorme o enormísima, que tiene su origen en el Derecho Romano, implica una inequivalencia o apreciable desproporción entre las prestaciones a cargo de las partes del contrato. Como la nota del artículo 943 ejemplifica, para algunas legislaciones de la época, como el Código de Prusia, hay lesión cuando el precio de la venta exceda al doble del valor de lo vendido. La parte "lesionada" puede pedir la resolución del contrato. Vélez Sársfield, como se adelantó, rechaza este instituto principalmente por dos razones: Por un lado, porque cada uno de los textos legales y doctrinarios por el consultado, si bien acepta la lesión, la regula de manera distinta; por el otro, porque si el consentimiento no está viciado, el contrato debe ser irrevisable judicialmente.

Años mas tarde, la reforma de la ley 17.711 incorpora el instituto de la lesión (en una variante subjetivo-objetiva) a nuestro Código Civil, a través de la modificación del artículo 954. Este dispone, en lo que aquí nos interesa, que "... podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones."
Como se ve, el tema de la proporción o desproporción entre las prestaciones a cargo de las partes empieza a adquirir relevancia a la hora de analizar la validez de un acto jurídico. Es que, si tenemos en cuenta que la nulidad de un acto jurídico consiste en la privación de los efectos propios de ese acto, en virtud de un defecto originario o constitutivo, la desproporción en las prestaciones, (por la que puede demandarse la nulidad, en virtud de lo normado por el citado artículo 954), configura un vicio "genético" del acto en cuestión, que lo invalida.

Con todo, el artículo mencionado es apenas el inicio de una nueva tendencia a la hora de abordar la validez o invalidez de los actos jurídicos, en especial los contratos, porque como dijéramos anteriormente, la norma incorpora al Código Civil el instituto de la lesión, pero en una versión subjetiva-objetiva. Por un lado, el elemento objetivo está dado por la desproporción en las prestaciones, (la " ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación"). Pero también se necesita para completar la figura el elemento subjetivo, que está dado por la explotación de "la necesidad, ligereza o inexperiencia" de la contraparte, explotación que se presume iuris tantum "en caso de notable desproporción de las prestaciones".

Este elemento subjetivo, unido a una posición conservadora por parte de la mayoría de los jueces, ha sido uno de los obstáculos más grandes para la aplicación de este instituto a los casos concretos. En efecto, existe poca jurisprudencia nacional que acoja una demanda por la lesión subjetiva-objetiva. La prueba de la explotación de "la necesidad, ligereza o inexperiencia", a cargo del demandante salvo notable desproporción de las prestaciones, es a menudo muy difícil.

Intentando des-subjetivar la lesión

Por esta y otras razones, en un proyecto de ley presentado por el Diputado Mario Cafiero, que no mereció mayor tratamiento en la Cámara Baja, se propuso, dentro de una serie de normas para combatir la usura, modificar el texto del artículo 954, que quedaría así redactado:

"Art. 954- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo o violencia.

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

En general se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción en las prestaciones.

En particular también se presume que existe tal explotación, cuando se convinieran en favor del acreedor tasas de interés usurarias o aún cuando, a pesar de pactarse en el contrato original la no aplicación de tasas o pactarse la aplicación de tasas lícitas, se incrementare la contraprestación original del deudor por vía de adicionarle aranceles o costos administrativos, o cualquier otro cargo accesorio adicional que fuera manifiestamente improcedente o que, siendo procedente, resulte de una cuantía manifiestamente excesiva o desproporcionada respecto de la prestación que el deudor recibe.

Los cálculos deberán hacerse según los valores al tiempo del otorgamiento del acto y la desproporción deberá subsistir al momento de la demanda. Sólo el lesionado por la desproporción o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción operará a los cinco años de otorgado el acto.

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar demanda".

A los fines de nuestro análisis nos interesa destacar que en la proyectada modificación desaparece el elemento subjetivo de la lesión, quedando solo la parte objetiva de dicho instituto, esto es, la posibilidad de demandar la nulidad del acto jurídico por el solo hecho de existir una ventaja patrimonial "desproporcionada y sin justificación" para una de las partes, ventaja patrimonial que configuraría un "vicio constitutivo" de dicho acto.

Resulta interesante reproducir parte de los fundamentos que se dan para propiciar esta modificación legal:

" Al respecto Pothier ha expresado: "En los contratos onerosos en los cuales uno de los contratantes da o hace algo para recibir alguna otra cosa como precio por lo que hace o da, la lesión que sufre uno de los contratantes, aunque el otro no haya recurrido a ningún artificio para engañarlo, basta por sí misma para viciar los contratos...El contrato está viciado porque peca contra la equidad que debe predecirlo"

El mismísimo Borda, propiciante y defensor del texto anterior cuya reforma propongo, al tratar el consentimiento en los contratos, ha reconocido de manera sorprendente que "... exigir la prueba de que medió propósito de aprovecharse de la inferioridad de la otra parte, esterilizaría en gran medida la institución, pues esa prueba es muy difícil y a veces imposible de producir. Además es inútil. Cuando hay una gran desproporción entre las contraprestaciones recíprocas, esa desproporción no puede tener otro origen que el aprovechamiento de la inferioridad de una de las partes a menos que se trate de una liberalidad. Las mismas cláusulas del contrato están demostrándolo". (ver "Manual de Contratos", por Guillermo Borda, 5ta.edición Editorial Perrot, pag. 63)" (2)

 

Las obligaciones desnaturalizadas y la protección al consumidor

Volviendo a nuestro Derecho Positivo, ya el propio Vélez Sarsfield, ardiente defensor de la autonomía de la voluntad, prohibía en el artículo 542 a las obligaciones meramente potestativas, es decir, aquellas contraídas "bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor". Es que una "obligación" donde el "deudor" solo cumple si quiere o puede, no solo no es seria sino que, puesta en un contrato bilateral, lo desequilibra completamente.

Es común que estas obligaciones meramente potestativas se encuentren insertas en contratos por adhesión, realizados bajo condiciones preredactadas por una de las partes, generalmente encubiertas por un lenguaje confuso o bajo una técnica de redacción ingeniosa.

La ley 24.240, de Defensa del Consumidor tuvo que reiterar el principio del artículo 542, considerando invalidas, en su artículo 37, a " Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños" y a las "que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte".

El equilibrio prestacional como nueva fuente de la obligatoriedad de los contratos

Se ve así una evolución legislativa en el sentido de reafirmar al "equilibrio prestacional" como un requisito para la validez de los actos jurídicos, en especial en aquellos en los que haya existido una desigualdad negocial en la etapa de las tratativas y de la celebración del acto, como es el caso de los contratos celebrados por adhesión, donde la parte adherente tuvo nula intervención en la redacción de las cláusulas que regirán el acuerdo.

Pero, además, el desequilibrio en las prestaciones de las partes no solo afecta el contrato cuando existe en la génesis del mismo, sino cuando aparece posteriormente, como ya lo decía el Derecho Romano cuando a la máxima "pacta sunt servanda" (los pactos están para ser cumplidos), se le agregó la siguiente condición: "rebus sic stantibus" (siempre que nada haya cambiado luego del acuerdo).

La mirada del legislador de los siglos XX y XXI se posa en el aspecto objetivo del contrato: Más allá de si la voluntad manifestada por las partes se encuentra o no viciada, el desequilibrio genético o sobreviniente en los contratos los hace revisable judicialmente

 

Los acontecimientos extraordinarios e imprevistos sobrevinientes a la celebración de contrato

En cambio, el liberalismo campante en el siglo XIX, heredero del Racionalismo francés de la centuria anterior, se aferró dogmáticamente a la ficción de una autonomía de la voluntad omnipresente y, casi diríamos, fatalista, declarando la vigencia plena del "pacta sunt servanda", sin "rebus sic stantibus" que valga.

Posteriormente, las crisis económicas del siglo XX, con la dramática secuela de imprevisibles y drásticas modificaciones en las reglas de juego hicieron volver la mirada a los viejos principios, a fin de atenuar lo absurdo e injusto que supone llevar la "ficción" de la autonomía de la voluntad hasta sus ultimas consecuencias. Surge así la llamada teoría de la imprevisión, que luego de recibir acogida doctrinaria y jurisprudencial en nuestro país, fue incorporada en nuestro plexo normativo por la ley 17.711, que reformó el artículo 1198, estableciendo que en "los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. "

Nuevamente aparece el principio del desequilibrio prestacional, como argumento para posibilitar la revisión judicial de los actos jurídicos.

 

Los acontecimientos ordinarios pero inevitables sobrevinientes a la celebración de contrato

En un excelente trabajo, Teodora Zamudio observa que las sociedades o economías de crédito, como la de nuestro país, enfrentan graves problemas de sobreendeudamiento por causas muchas veces inesperadas para el deudor. (3)

"Investigaciones empíricas han demostrado que en la mayoría de los casos las razones de los problemas económicos que llevan a un endeudamiento imposible de enfrentar tienen su origen en alteraciones en la vida del consumidor; a menudo sus dificultades para pagar son una consecuencia de su desempleo inesperado, enfermedades, divorcio y otros problemas maritales, etc", señala esta autora para, a continuación, introducirnos en el interesante concepto del "social force majeure" o "fuerza mayor social" que, a diferencia del caso fortuito o fuerza mayor regulado en los artículos 513 y 514 del Código Civil, no está referida a circunstancias extraordinarias e inesperadas ajenas a las personas o sujetos a los que afecta, sino que se aplica en situaciones ordinarias, pero inevitables y ajenas a la voluntad del deudor, tales como el desempleo, una enfermedad, una devaluación, etc.

La llamada fuerza mayor social tendría así puntos de contacto y diferencias con el supuesto fáctico que sustenta la teoría de la imprevisión de nuestro artículo 1198.

La fuerza mayor social haría excesivamente onerosa la prestación a cargo de una parte, como consecuencia de un acontecimiento sobreviniente a la celebración del contrato, igual que en la imprevisión, pero dicho acontecimiento no requeriría, como lo exige el art. 1198, la cualidad de ser extraordinario e imprevisible, sino que bastará con ser ordinario pero inevitable para el deudor.

Que un contrato pueda revisarse judicialmente en virtud de acontecimientos ordinarios sobrevinientes a la celebración del mismo, parece, en principio, extraño e injusto. Veremos que no es así.

La Sociedad Mercatizada

Debemos analizar, aunque sea someramente, la estructura económica de una sociedad del siglo XXI para ver que peso tienen las decisiones o previsiones que los individuos pueden adoptar, frente a los sucesos cotidianos,

Dijimos en otra oportunidad que la sociedad actual nos presenta una economía de intenso intercambio realizado a través del sistema de mercado. A esta sociedad, también se la suele llamar "sociedad de consumo". (4)

Propuse llamarla "Sociedad Mercatizada", porque creo que esta expresión refleja el hecho de que, hoy día, la mayor parte de la actividad de los millones de personas que componemos dicha sociedad se realiza a través del mecanismo del mercado. Dicho en otras palabras, es casi imposible que cualquiera de nosotros pueda producir ni la tercera parte de los bienes y servicios que necesita consumir.

Nuestros Códigos Civil y de Comercio y todo el Derecho Privado Patrimonial que arranca desde la etapa de la Codificación y llega a la actualidad reconocen implícitamente este sistema de mercado.

Una enorme cantidad de contratos típicos regulan el intercambio de bienes o servicios (compraventa, permuta, cesión onerosa de derechos, mutuo oneroso, locación de cosas, servicios u obras, leasing, tarjeta de crédito, seguros, transporte, etc.). Ni hablemos de los muchísimos contratos atípicos que cumplen esa función (medicina prepaga, educación privada, telefonía fija o celular, televisión por cable o satelital, etc.).

Parece obvio decirlo, pero el divorcio entre producción y consumo (producimos algo distinto de lo que consumimos) es una característica de la sociedad mercatizada.

Todos somos productores y consumidores a la vez, pero de distintas cosas. Por dar un mínimo ejemplo, un zapatero arregla zapatos para obtener dinero con el cual comprarse las cosas que necesita para vivir.

Al respecto, Alvin Toffler, en su libro "La Tercera Ola", aporta una reflexión que considero muy interesante: "La brecha abierta entre estas dos funciones - productor y consumidor- creó al mismo tiempo una personalidad dual. la misma persona que (como productor) era aleccionada por la familia, la escuela y el jefe a renunciar a la gratificación, a ser disciplinada, controlada, morigerada, obediente, a ser un jugador de equipo, era simultáneamente aleccionada (como consumidor) a buscar la gratificación instantánea, a ser hedonista, más que calculadora, a prescindir de la disciplina, a perseguir su placer individual..., en resumen, a ser una clase totalmente distinta de persona. En Occidente, sobre todo, se dirigió sobre el consumidor toda la potencia de la publicidad, urgiéndole a pedir prestado, a comprar sin reflexión, a "vuele ahora, pagué después" y, con ello, a realizar un servicio patriótico por mantener en funcionamiento las ruedas de la economía." (5), (la negrita es mía).

Por otra parte, esta Sociedad Mercatizada es también una Sociedad de Masas. No se produce para Juan o para Pedro sino para un numero indeterminado de personas. Es cierto que en sociedades altamente desarrolladas, la tecnología esta permitiendo personalizar la producción de bienes y servicios, pero eso aún no ocurre en nuestro país y, aún en los lugares donde eso se da, la contratación de los bienes y servicios no deja de basarse en un "molde" predeterminado por el empresario-productor.

Las condiciones generales de contratación y el equilibrio prestacional

Además, en numerosas actividades comerciales (v gr. seguros, medicina prepaga, televisión por cable o satelital, telefonía celular, mutuos hipotecarios, tarjetas de créditos, prestamos personales, créditos para la adquisición de bienes determinados, servicios de conexión a Internet, etc.), nos encontramos con que es el Empresario, asistido técnica y jurídicamente por especialistas, quien redacta, previo a toda contratación, el conjunto de cláusulas que se insertarán luego en los contratos particulares que celebre con los tomadores. Estas cláusulas son elaboradas con características de uniformidad, generalidad y abstracción (6), es decir, se hacen sin tener en cuenta una contraparte determinada, con nombre y apellido, sino para ser utilizadas en todos los contratos que el empresario celebre en el futuro. Sirven para miles de contratos idénticos que se planea celebrar con una masa de contratantes.

Son, como su nombre lo indica, las condiciones generales que el empresario fija, en forma unilateral, para todos los que quieran contratar con él. La contraparte sólo puede aceptar o rechazar estas condiciones y en este último caso no se celebrará el contrato .

Este procedimiento, típico de la moderna contratación en masa, presenta ventajas e inconvenientes, si lo comparamos con la forma clásica de contratar, en la cual las partes discuten o pueden discutir todas y cada una de las cláusulas del acuerdo. Entre las ventajas se pueden mencionar: (7)

a- La prerredacción de las condiciones generales y su impresión en formularios simplifica la etapa de contratación pues elimina trámites y negociaciones previas. Esto le permite reducir costos al empresario y concluir más contratos en menos tiempo.

b- Las condiciones generales posibilitan que las partes sepan con mayor precisión cuáles son sus derechos y deberes.

c- Como el empresario no negocia condiciones en forma individual, sino que fija el contenido de todos los contratos de un mismo tipo, esto le permite homogeneizar el conjunto de sus obligaciones para con las contrapartes y, con ello, calcular con precisión sus gastos, lo que posibilita a su vez una reducción en los costos y una baja en el precio que paga el cocontratante.

El principal inconveniente de este procedimiento es que, al ser fijado por una de las partes el contenido del contrato sin que la otra pueda proponer su modificación, se corre el riesgo de que aparezcan numerosas cláusulas abusivas, oscuras, ambiguas o formuladas maliciosamente, con el objeto, en todos los casos, de favorecer a la parte que redactó las condiciones. En la práctica, lamentablemente, esto ocurre casi siempre.

Los contratos celebrados por adhesión y el equilibrio prestacional

Mosset Iturraspe nos dice que "el contrato se celebra por adhesión cuando la redacción de sus cláusulas corresponde a una sola de las partes - el predisponente - mientras que la otra debe aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas -adherente -" (8).

Estrictamente, se contrata por adhesión cuando una parte impone el contenido del contrato sin admitir el cambio de ninguna cláusula. No importa que el predisponente sea quien redactó las cláusulas o que, en cambio, se sirva de un modelo impreso en un formulario que haya adquirido. Lo que caracteriza esta modalidad de contratación es que el adherente no puede proponer cambios en el proyecto de contrato: O lo acepta o lo rechaza.

Las expresiones "Contratos por adhesión" y "Contratos celebrados bajo condiciones generales" corresponden a dos clasificaciones distintas. Por lo tanto, no son términos que puedan utilizarse indistintamente.

Desde un punto de vista teórico es posible, y a veces ocurre en la practica, que un contrato por adhesión no contenga condiciones generales de contratación. Esto sucede cuando una persona, (por ejemplo, el dueño de un inmueble que quiere ofrecerlo en locación), redacta las cláusulas de un futuro contrato aislado y no acepta discutir ninguna de ellas. Al cocontratante, en ese caso, solo le quedará aceptar o rechazar el contrato, pues su contenido no es negociable. En este caso, decimos que no hay condiciones generales de contratación, precisamente, porque se trata de un contrato aislado. Quien impuso las cláusulas no piensa realizar un numero indeterminado de contratos de ese tipo con una masa de cocontratantes. No se dedica a eso.

Por otro lado, cuando los representantes de una Cámara Empresarial y los representantes de un Sindicato negocian y acuerdan un Convenio Colectivo de Trabajo, están acordando las condiciones generales de contratación a la que se someterán los contratos individuales de trabajo que celebren los trabajadores con sus empleadores. Aquí tenemos un caso de contrato (el contrato que hacen el empleador con el trabajador) que puede ser hecho o no por adhesión (el trabajador y el empleador pueden negociar ciertas cláusulas, como el sueldo, por ejemplo) pero que esta sujeto a condiciones generales de contratación (el Convenio Colectivo de Trabajo) que no son impuestas por ninguna de las partes sino que fueron negociadas por los representantes de ambos (La Cámara Empresarial y el Sindicato).

Sin embargo, es muy común que la mayoría de los contratos que celebran las personas hoy día sean realizados por adhesión y bajo condiciones generales de contratación predispuestas por una de las partes. De ahí viene la confusión que lleva a pensar que la contratación por adhesión y la contratación bajo condiciones generales predispuestas por una de las partes son la misma cosa.

 

Vamos a la continuación

 

(c)Jorge Oscar Rossi , 2002

 

 

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