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DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD A LA EQUIVALENCIA EN LAS PRESTACIONES

(Continuación)

La Publicidad Inductiva y el equilibrio prestacional

Hoy día, en muchos casos, el futuro tomador de un contrato accede al mismo de la mano de intensas campañas publicitarias (en medios gráficos, televisivos y radiales) diseñadas, no para brindar información sobre el contrato, sino para generar en el público receptor un estado emocional inconsciente tendiente a que éste adopte la conducta querida por el emisor. Esta conducta es, obviamente, la celebración del contrato de que se trate.

Las técnicas de "captación de clientes" son cada día más refinadas y se valen de la Psicología, la Sociología y la Estadística para lograr sus objetivos.

Basta observar la publicidad que hoy día realizan en nuestro país los distintos empresarios o grupos empresariales para notar que la misma gira en torno a crear en el público -receptor- la sensación de que la opción "hacer o no hacer el contrato" (por ejemplo, tener una tarjeta de crédito, un teléfono celular, una cobertura medica prepaga, un seguro de retiro, televisión por cable o satélite, un "infalible y garantizado" remedio para bajar de peso en dos semanas, un préstamo para comprarse una casa, un "tiempo compartido", la tarjeta "suma puntos" exclusiva de algún hipermercado, etc.); equivale a "estar dentro o fuera del Sistema". Se busca generar temor por estar "fuera del Sistema" y, simultáneamente, deseo por ingresar al mismo y verse finalmente protegido, tranquilo y feliz. Se promocionan prestaciones de altísima calidad y eficacia junto con un servicio profesional, experimentado y humano.

Luego, cuando el receptor de la publicidad celebra el contrato, suele descubrir, con mucha frecuencia, que la realidad dista mucho de lo que se mostraba en la propaganda. Así pues, vemos que la "información" brindada por medio de la publicidad, no suele coincidir con las prestaciones a las que el empresario se obliga realmente, de acuerdo al contenido del contrato. De pronto aparecen "documentos anexos" y cláusulas de exclusión discrecional de prestaciones, cambio de las mismas y limitación de la responsabilidad del empresario. Eso es lo que figura en el contenido del contrato.

Este fenómeno es muy común en la moderna contratación en masa. Dada su gravedad, algunos juristas han sostenido la necesidad de que las aserciones o promesas que se realicen, directa o indirectamente, por medio de la publicidad se consideren un elemento integrante del contrato(9).

La fuerza mayor social frente a la sociedad mercatizada y la publicidad inductiva

Hecho este encuadre, tomemos un caso concreto y común en nuestro país, para ver como le aplicamos el concepto de fuerza mayor social:

Veamos un contrato de mutuo oneroso en moneda extranjera garantizado con una hipoteca, donde el prestamista es un banco. El mutuo se contrajo para adquirir un inmueble destinado a vivienda, inmueble que es el que se hipoteca en garantía.

Se trata de un contrato bancario, comercial, empresarial, de consumo, celebrado por adhesión bajo condiciones generales de contratación y bajo publicidad inductiva

Recordemos que, en nuestro país, un banco, además de revestir calidad comercial por el tipo de sociedad (conf. art. 1 y 163 de la ley 19.550), presenta la característica de que toda la actividad que realiza como entidad financiera está alcanzada por el art. 8 inc 3º del Código de Comercio, lo que le otorga carácter objetivamente comercial. Se trata, ni más ni menos, que de un acto de comercio.

En cuanto a su carácter de contrato de consumo, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), considera "Proveedores de servicios" a "...todas las personas físicas y jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente,...presten servicios a consumidores o usuarios..." (arg. conf. Art. 2 LDC). En el caso bajo análisis, el banco está comprendido en la categoría de Proveedor de Servicios, puesto que en el contrato sub-examine está prestando un servicio de financiamiento a un consumidor o usuario. Incluso si se quiere ver a un mutuo oneroso bajo un prisma clásico, el banco también es Proveedor en los términos de la LDC, puesto que se ha contratado la entrega en propiedad de una cosa mueble consumible (dinero), a título oneroso, para consumo propio de la contraparte ( arg. art. 1, 1º párrafo e inc. a) LDC).

A su vez, la contraparte es consumidora o usuaria en los términos de la LDC. Dicha ley nos dice en su art. 1 "...Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social...b) la prestación de servicios..." (La negrita es nuestra). En efecto, el mutuo otorgado lo fue para adquirir un inmueble destinado a vivienda familiar. Se trata de un préstamo destinado a adquirir una vivienda, lo cual encuadra en el concepto de "consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social" precedentemente apuntado.

El contrato se celebra por adhesión y bajo condiciones generales establecidas por el banco. En efecto, es el banco, asistido técnica y jurídicamente por especialistas, quien redacta, previo a toda contratación, el conjunto de cláusulas que se insertarán luego en los contratos particulares que celebre con los clientes. Estas cláusulas son elaboradas con características de uniformidad, generalidad y abstracción, es decir, se hacen sin tener en cuenta una contraparte determinada, con nombre y apellido, sino para ser utilizadas en todos los contratos que el Banco celebre en el futuro.

Al mismo tiempo, tenemos el hecho de que el futuro cliente accede a la instancia de la celebración del contrato de la mano de intensas campañas publicitarias - en medios gráficos, televisivos y radiales- diseñadas, no para brindar información sobre el contrato, sino para generar en el público receptor un estado emocional inconsciente tendiente a que éste adopte la conducta promovida por el emisor. En nuestro caso, esta conducta es la celebración del contrato de mutuo oneroso hipotecario destinado a adquisición de vivienda. Basta observar la publicidad que en su momento realizaban en nuestro país las instituciones bancarias, para notar que la misma giraba en torno a crear en el público - receptor -, la sensación de que sacar un préstamo de ese tipo es una operación sencilla y segura para el cliente. ¿En qué se basa dicha publicidad?: en convencer al potencial cliente acerca de que su línea de créditos hipotecarios tiene las mejores condiciones de la plaza; apuntando a la buena fe de la población. El Banco se muestra como una entidad "amigable" y comprensiva de las necesidades y problemas de los clientes. Problemas que, en este caso puntual ( y la mayoría de las veces), pasan por dificultades o atrasos en los pagos de la cuota. El pago de las cuotas del mismo, es la principal obligación a cargo de los deudores del crédito.

Hay que tener presente que se trata de un contrato que vinculará a las partes por un largo plazo (diez o quince años), lapso en el cual son muchas las vicisitudes que pueden surgir. Esta es una de sus características distintivas.

Además, y es bueno destacarlo, el que recibe el préstamo debe brindar al banco información sobre su actividad laboral y estado patrimonial antes de suscribir el contrato de mutuo, a fin de que esa información sea evaluada por este, previo al otorgamiento del crédito.

Es por todos conocida la situación de inestabilidad laboral existente en la República Argentina desde hace largos años, sea para los que se desempeñen en relación de dependencia o en forma autónoma. En el momento de celebrar el contrato, el deudor estaba dispuesto y en condiciones de cumplir con el compromiso contraído, pero la mencionada inestabilidad laboral, hecho ordinario y conocido por ambas partes puede llevarlo al incumplimiento del pago de las cuotas. Este no es un fenómeno meramente coyuntural, sino una cualidad distintiva de una nueva estructura económica, que afecta al grueso de la población. Va de suyo que un Banco, especializado en el otorgamiento de préstamos a largo plazo, debe contemplar la circunstancia antes reseñada, en cuanto a la evaluación del riesgo general y particular; antes de lanzar al mercado una nueva línea de créditos y cuando estudia el otorgamiento de un crédito hipotecario a una persona determinada.

El banco, en su publicidad inductiva, suele vender "tranquilidad y comprensión", valga la expresión, al potencial cliente. Luego, cuando el receptor de la publicidad celebra el contrato, suele descubrir, con mucha frecuencia, que la realidad dista mucho de lo confiable que resultaba el producto ofrecido. Así pues, vemos que la "información" brindada, no suele coincidir con las prestaciones a las que el Banco se obliga realmente, de acuerdo al contenido del contrato. Al contrario, conforme al contenido del convenio usual para este tipo de contratos en nuestro país, el Banco tiene amplísimas facultades para resolver unilateralmente el mismo; dar por decaídos los plazos y exigir el cobro ejecutivo de la totalidad de la deuda, con el agravante de que estas facultades surgen de cláusulas predispuestas por el mismo Banco, es decir, no negociadas por las partes.

Nos encontramos entonces con una operatoria precontractual y contractual francamente perversa y deliberadamente confusa, por parte del Banco.

La noción de fuerza mayor social, en ese marco, permitiría arbitrar soluciones para limitar las sanciones contra un deudor en mora. El desequilibrio prestacional producido por hechos inevitables, posteriores a la celebración del contrato, debe ser contemplado, arbitrándose remedios que permitan restaurar el sinalagma perdido.

La normativa de Emergencia y los cambios en las obligaciones de dar dinero

Desde diciembre del 2001, nuestro país asiste a una autentica catarata normativa que ha producido profundos efectos en la vida de sus sufridos habitantes. A modo muy sintético, la llamada "legislación de Emergencia" trajo cuatro grandes cambios que afectan el régimen de las obligaciones de dar dinero:

  1. Restricciones a la disposición del dinero depositado en entidades financieras (el corralito)
  2. Derogación del régimen de convertibilidad
  3. Paso a un sistema de tipo de cambio libre.
  4. Pesificación del dinero depositado en el sistema financiero y de todas las obligaciones contraídas en moneda extranjera.

Aunque parezca obvio, se trata de cuatro medidas distintas, que bien podrían existir en forma independiente. De hecho, la primera versión del corralito no contemplaba pesificar depósitos sino todo lo contrario y cuando la ley 25.561 termina con la paridad 1 a 1 con el dólar se pensaba en un tipo de cambio fijo, a la paridad $ 1,40 por cada dólar. Por otra parte, la pesificación de depósitos y obligaciones se pensó como un intento de evitar las consecuencias del paso del sistema de convertibilidad 1 a 1 a otro que primero, por pocos días, fue de tipo de cambio fijo ($ 1,40 por dólar) sin convertibilidad y luego se transformó en un régimen de tipo de cambio libre, aunque matizado con la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

Lo único seguro es que el actual marco normativo genera una larga serie de interrogantes, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

  1. ¿La normativa que implementa el corralito es constitucional?
  2. Idem para el caso de la que deroga la convertibilidad
  3. Idem para la que pesifica depósitos bancarios y obligaciones en moneda extranjera
  4. Suponiendo que la pesificación sea inconstitucional, ¿es justo que los deudores deban cargar con todo el peso de la devaluación de la moneda nacional?
  5. Suponiendo que la pesificación sea constitucional, ¿es justo que los acreedores sean obligados a aceptar con pleno efecto cancelatorio pesos fuertemente devaluados, en lugar de los dólares originalmente pactados?
  6. ¿Deben pesificarse las deudas en moneda extranjera que se encontraban en mora antes de la derogación del régimen de convertibilidad?

En este trabajo nos centraremos especialmente en los interrogantes 3), 4), 5) y 6) y desde ya, a esta altura se han vertido opiniones doctrinarias a favor y en contra de la pesificación, propugnando soluciones que tienen un especial impacto practico, en un sistema como el actual, donde el tipo de cambio es libre.

El impacto de la nueva normativa

Cabe recordar que el artículo 11 de la ley 25.561 establece que la pesificación (que para esa ley estaba limitada a ciertas deudas, en razón del monto) se aplica a las "prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley". Por ende, no se aplicaría a las obligaciones en mora al momento de promulgarse esta norma, dado que, por definición, eran exigibles antes. En cambio, el decreto 214/02 dispone que "A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales - expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes (que no es lo mismo que exigibles) a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS".

Distintas variantes y un mismo resultado: la injusticia

Imaginemos dos escenarios extremos posibles:

a) El Poder Judicial, desde la Corte Suprema "para abajo", declaran inconstitucional la normativa que pesifica depósitos bancarios y obligaciones originalmente contraídas en moneda extranjera y, por ello, se dispone que los deudores deberán pagar en la divisa de origen o en pesos a la cotización libre.

b) El Poder Judicial, desde la Corte Suprema "para abajo", declaran constitucional la normativa que pesifica depósitos bancarios y obligaciones originalmente contraídas en moneda extranjera y, por ello, se dispone que los deudores cumplen la prestación, pagando en pesos, a la paridad 1 a 1 con el dólar.

En ambas situaciones, el tema constitucional estaría resuelto, pero en la mayoría de los casos concretos, la aplicación automática de cualquiera de los dos criterios llevaría una solución injusta. Desde nuestro punto de vista, la constitucionalidad o no de la pesificación, pese a su importancia, no es el tema mas importante en este problema. La gran cuestión a la que tienen que enfrentarse jueces y abogados día a día es el de analizar si, en el caso concreto, la devaluación afectó el equilibrio prestacional y, en caso afirmativo, aplicar un mecanismo correctivo.

Creo que se debe tener en cuenta, en primer lugar, que la devaluación no es consecuencia del "merito" de ningún habitante de la República Argentina y, por ende, no resulta justo que nadie se beneficie con ella.

Esto porque el Poder Judicial no está para legitimar la suerte de unos y la desgracia de otros, como consecuencia de una devaluación que desde los poderes del Estado fue negada hasta el hartazgo, sino que su tarea es tratar que acreedores y deudores experimenten la menor perdida posible en el poder adquisitivo, conservando la equivalencia en las prestaciones contraídas.

Parece obvio decirlo pero, por la devaluación, todos los habitantes de la República Argentina nos vimos empobrecidos, en relación al poder adquisitivo que tenemos respecto de los mercados internacionales.

 

La misteriosa y esquiva equidad

Por ello, algunos magistrados utilizaron el criterio del artículo 8º del decreto 214/02, que establece que si, a causa de la pesificación, "el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio". Criterio compatible con el del artículo 11 de la ley 25.561, que dispone que las partes negocien la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de dicha ley, artículo este que faculta al Poder Ejecutivo para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras. En virtud de esta delegación, el Ejecutivo primero fijó, a través del decreto 71/02, un tipo de cambio fijo, a la paridad $ 1,40 por dólar- luego, por el artículo 1º del decreto 260/2002, del 8/2/2002, el mercado oficial de cambios establecido en los arts. 1 y 2 del decreto 71/2002, ha sido reemplazado por un régimen de mercado único y libre de cambios por el cual se cursarán todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras.

Sin embargo, la equidad es un camino resbaladizo, que lleva a soluciones cuestionables. Por ejemplo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en autos "Bruno, Ricardo c/Scarano, Aldo s/ejecución hipotecaria" y "Lozano, Irma Aída y/o c/Rodríguez, Rafael José s/ejecución hipotecaria", pesificó los créditos a $ 1,40 por cada dólar, argumentando razones de equidad, aunque los deudores se encontraban en mora antes de la vigencia de la ley 25.561 (10). Sin embargo, meses después, en un caso idéntico (autos "Cova, María Eugenia y/o c/Cesa, Danial Héctor y/o s/ejec. hipotecaria"), modificó su criterio y mandó llevar adelante la ejecución en la moneda de origen, al cambiar su voto el doctor Roland Arazi, quien había propuesto la anterior solución. Arazi consideró que el avance de la cotización del dólar desde la época los otros fallos hacían variar su postura, convenciéndose también de "la inconveniencia de reajustar las obligaciones de oficio, sin caer en la arbitrariedad..." (11). Cabe destacar que los autos "Cova" tienen sentencia del mes de julio pasado. Sin embargo, por dar un ejemplo distinto, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 de Rosario, provincia de Santa Fe, Ariel Ariza, en los autos "Manai, María De Los Ángeles C/ Iglesia, Trinidad S/ Ejecución Hipotecaria", dispuso, el pasado 26 de agosto, la pesificación de la deuda a 1,40 pesos por dólar, más intereses, por considerarlo un reajuste equitativo, aunque el deudor se encontraba en mora antes de la promulgación de la ley 25.561 (12). A los efectos practicos, podríamos decir que "la equidad es lo que los jueces dicen que la equidad es".

 

Una ley casi olvidada

Un criterio un tanto menos librado a la apreciación judicial es el que brinda la ley 24.283, de actualización del valor de bienes o prestaciones en general, que dispone que "Cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago".

Así, si en un contrato debía pagarse un precio en dólares como contraprestación por la propiedad de una cosa, entre mantener la dolarización al cambio libre o pesificar 1 a 1, la tercera opción sería que se deba ajustar el precio al valor real y actual de la cosa, al momento del efectivo pago, con mas los intereses moratorios.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando la deuda en dólares estaba originada en un mutuo de dinero?. El deudor recibió, supongamos 10.000 dólares el 5 de febrero de 2000 y debía devolver, (para simplificar), 12.000 dólares en agosto de 2001 y no lo hizo. Ahora el acreedor reclama los 12.000 dólares más intereses y el deudor solo quiere pagar 12.000 pesos y los intereses, amparándose en la actual legislación.

En ese caso, no habiendo un bien o servicio como valor de referencia, ¿cual sería el "valor real y actual" de la prestación?

En busca de preservar el poder adquisitivo, (pero sin aumentarlo indebidamente)

Si consideramos que la prestación es "el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor"(13), tenemos que analizar cual es el interés del acreedor en el caso concreto. La primera respuesta sería: "El interés del acreedor es que le paguen los 12000 dólares más los intereses moratorios". Sin embargo, no debemos confundir "conveniencia" con el interés hacia el cual se dirige el comportamiento del deudor. Este interés nos es cualquier interés sino uno legalmente protegido, en razón de satisfacer el requisito de justicia. En el caso concreto, el acreedor hizo un mutuo oneroso para aumentar un poder adquisitivo, con la posterior percepción del capital y los intereses compensatorios. En un marco de convertibilidad y cambio fijo a la paridad 1 a 1 prestó 10.000 dólares y espera recibir 12.000. Desaparecido el marco de convertibilidad y cambio fijo a la paridad 1 a 1 y sustituido por uno de inconvertibilidad y cambio libre con un precio del dólar (tipo de cambio), que oscila en septiembre de 2002 en los $ 3,65, su interés legalmente protegido será recibir una suma de dinero que, a la fecha de pago, represente el mismo poder adquisitivo en términos de mercado interno que los 12.000 dólares que debía recibir en noviembre de 2001, con más los intereses moratorios. Es importante, para el acreedor, si realiza mutuos con habitualidad, mantener su capacidad de "represtamo", es decir, de mantener el poder adquisitivo del capital que este utiliza en su actividad como prestamista.

Recordemos que luego de la devaluación, el aumento de los precios experimentado en nuestro país, si bien fue importante, afortunadamente no acompañó el alza del dólar. Tengamos en cuenta, también, que el tipo de cambio es solo un precio, de los muchos que deben tenerse en cuenta para analizar cual es el poder adquisitivo de la moneda nacional.

En los mutuos, creemos que los jueces tendrán la difícil tarea de analizar, en cada caso concreto, cual es el monto en pesos equivalente el poder adquisitivo que tenían los dólares prestados. Para ello deberán ponderar distintas variables, a fin de determinar cual es el mejor método para cada caso, atendiendo, si surge del contrato o de la prueba rendida, a la finalidad por la que se contrajo el préstamo.

Por ejemplo, si se trata de un "préstamo personal", destinado a adquirir bienes de consumo, el poder adquisitivo podría medirse por el Índice de Precios al Consumidor o la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC. Si es un mutuo destinado a adquirir una vivienda, se tendrá que tener en cuenta la evolución de los valores del mercado inmobiliario.

Un ejemplo: La Canasta Básica Total

Tomemos, para dar un ejemplo, el caso de la "Canasta Básica Total" (CBT), que elabora el INDEC (14).

Para llegar a esta CBT se parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera).

A su vez, la Canasta Básica Alimentaria se ha determinado en función de los hábitos de consumo de la población.

Previamente se tomaron en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se seleccionaron luego los alimentos y las cantidades a partir de la información provista por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Tanto la CBA como los componentes no alimentarios de la CBT se valorizan cada mes con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada individuo en relación a sus necesidades nutricionales. Para ello se toma como unidad de referencia la necesidad energética (2.700 kcal) del varón adulto (de 30 a 59 años, con actividad moderada). A esa unidad de referencia se la denomina "adulto equivalente".

Pues bien, en agosto de 2001, según datos proporcionados por el INDEC, la Canasta Básica Total del "adulto equivalente" era de $ 150,96. Es decir que, en promedio un varón adulto (de 30 a 59 años, con actividad moderada) necesitaba $ 150,96 para satisfacer sus necesidades mínimas en materia de alimentos, alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera.

Un año más tarde, en agosto de 2002 esa Canasta Básica Total es de $ 227,10. Dicho de otra manera, necesita $ 76,14 más (227,10 - 150,96) para mantener el mismo poder adquisitivo.

Apliquemos estos datos a un caso visto anteriormente: El de los 10.000 dólares prestados el 5 de febrero de 2000 y que se debían devolver, con sus intereses, por un monto total de 12.000 dólares en agosto de 2001.

Al cambio de agosto de 2001, esos 12.000 dólares equivalían a 12.000 pesos. Con esos 12.000 dólares o pesos, se tenía un poder adquisitivo igual a 79, 50 Canastas Básicas Totales (12.000 dividido por 150,96).

Si aplicáramos la pesificación dispuesta por el decreto 214/02, el crédito de 12.000 dólares se convertiría en 12.000 pesos. Si declaramos inconstitucional esa normativa, el crédito se mantendría en 12.000 dólares o, a un cambio de $ 3,65 como el de este mes de septiembre de 2002, 43.800 pesos.

Supongamos que buscamos que el acreedor mantenga el mismo poder adquisitivo de su crédito en dólares en nuestro mercado interno. Este era, dijimos, equivalente a 79, 50 Canastas Básicas Totales en agosto de 2001. Si en agosto de 2002 cada Canasta Básica Total es de $ 227, 10, para mantener el poder adquisitivo, el crédito deberá ser de 18.054,45 (227,10 multiplicado por 79,50) a los que habrá que adicionar los intereses moratorios que, como sabemos, no buscan reparar la depreciación moratoria, sino el no uso del capital.

Una advertencia: No proponemos que se use la CBT en todos los casos, pues insistimos, en algunos el juez puede entender más adecuado el Índice de Precios al Consumidor, o al por Mayor, (que registró una evolución muy distinta); o la evolución de los valores del mercado inmobiliario. Incluso, si aplica la CBT, puede tomar una variante distinta a la nuestra, sonde utilizamos como unidad de referencia se la denomina "adulto equivalente". En efecto, el INDEC también nos muestra como evolucionó la CBT tomando otras unidades de referencia, como ser una familia de dos adultos y dos menores, o dos adultos, un menor y un adolescente y otros casos más.

A manera de conclusión

En definitiva, el juez deberá buscar la mejor solución aplicable al caso, pero esta, insistimos, debe intentar reestablecer el equilibrio prestacional perdido y no significar un negocio ni para acreedores ni para deudores.

Esto último es aplicable no solo para los casos en que la normativa de emergencia haya destruido el equilibrio entre las prestaciones, sino en todos aquellos en que este fenómeno se dé, se trate de un desequilibrio genético o sobreviniente debido a acontecimientos extraordinarios e imprevisible o, incluso, ordinarios pero inevitables.

En relación a la actual crisis, no puede dejarse de destacar que la inmensa mayoría de los argentinos nos vimos empobrecidos por una serie de contradictorias políticas económicas. Más que convalidar el "sálvese quien pueda" que se ha hecho carne en nuestra sociedad, con soluciones parciales que pueden ser un gran "negocio", para un acreedor o deudor particular, creemos que es hora de indagar sobre la responsabilidad penal y civil de los funcionarios públicos que nos llevaron a este desastre. Parece que nos hubiéramos olvidado de la existencia de un artículo como el 1112 del Código Civil, que establece la responsabilidad patrimonial a titulo personal de los funcionarios públicos por hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Es hora de recuperar la memoria.

(c)Jorge Oscar Rossi , 2002

 

  CITAS:

(1) Fallo comentado en: ED-142 (1991), p.563, sum. 43493, con nota de Bonzón Rafart, Juan, "Importante fallo que plantea polémicos problemas doctrinarios" y de Bidart Campos Germán J., "Una ficción estúpida".

(2) "Avanza la Ley Antiusura", nota publicada en Diariojudicial.com http://www.diariojudicial.com/mail-noticia.asp?ID=7066

(3) http://www.latinlex.com/ar/contenidos/doctrinas

(4) La Publicidad Inductiva en la Sociedad Mercatizada y la defensa de los derechos del Consumidor.

(5) ( Alvin Toffler, "La Tercera Ola", T. I, Pag. 55, Biblioteca de divulgación científica "Muy Interesante", Hyspamerica, 1986)

(6)CASTRO Y BRAVO, Federico , "Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes", Cuadernos Civitas, editorial Civitas S.A., Madrid, 2º edición, pag. 12 y ss.

GARCÍA AMIGO, M, "Condiciones generales de los contratos". Revista del Derecho Privado, Madrid 1969, pag. 132.

(7)CASTRO Y BRAVO, Federico, obra citada, pag. 16 y ss. GARCÍA AMIGO. M, obra citada, pag. 24. MOSSET ITURRASPE, "Contratos" editorial Ediar, 1984, pg.133 y ss.

(8) MOSSET ITURRASPE "Contratos". Obra citada, pag. 126.

(9) El tema de la publicidad inductiva es tratado, con relación al contrato de medicina prepaga, en el libro de Carlos Alberto GHERSI, Celia WEINGARTEN y Silvia C. IPPOLITTO; "Contrato de medicina prepaga", Astrea, 1993. pag. 45 y ss. Sus conclusiones son aplicables a la cuestión en estudio.

(10) Noticia y fallo publicados en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?ID=10959

(11) Noticia y fallo publicados en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?ID=11610

(12) Noticia y fallo publicados en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?ID=12047

(13) ALTERINI, Atilio Aníbal, AMEAL, Oscar, LOPEZ CABANA, Roberto, "Curso de Obligaciones", Tomo I, pags 46 y ss. , Abeledo Perrot, Segunda Edición, 1984.

(14) Datos extraídos de http://www.indec.gov.ar/comunica/gacetillas/canasta_08_02.pdf

 

 

 

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